A. TIPO DE ALERTA [1]

Tabla 1. Número de alertas por tipo (desde el 12 de febrero hasta el 01 de mayo).

Tipo de alerta	Número registrado
Amenaza / Hecho violento	17
Acción judicial / Resolución administrativa	10
Vías de hecho / Bloqueo	8
Solicitud / Denuncia	5
Protesta social	4
Asamblea / Organizativo	3
Total	47

• Durante el período de febrero a abril del 2024, el tipo de alerta más recurrente fue Amenaza/Hecho violento. En comparación con mismo período del año anterior (2023), este sigue siendo el tipo de alerta más recurrente. Sin embargo, ha disminuido su frecuencia.
• Ha habido un aumento en el número de alertas relacionadas con Acciones Judiciales/Resoluciones Administrativas (21%). Situación que contrasta con el mismo período de 2023, cuando las Acciones Judiciales/Resoluciones Administrativas solo representaron el 2%. Esto da cuenta del creciente reconocimiento político-jurídico de diversas realidades de la ruralidad en el país sobre las cuales el Estado busca mecanismos para su atención – las cuales profundizaremos más adelante.
• En contraste, entre febrero y abril de 2024 no hubo un peso significativo de eventos relacionados con el desarrollo de asambleas y espacios organizativos (6%), lo cual se puede explicar en parte por el aumento de la violencia en la ruralidad que condiciona y limita este tipo de ejercicios.  

B. ALERTAS POR DEPARTAMENTO

Tabla 2. Número de alertas por departamento (desde el 12 de febrero hasta el 30 de abril)

Departamento	Número registrado
Cauca	15
Nariño	5
Cundinamarca	4
Nacional	4
Norte de Santander	3
Chocó	2
Sucre	2
Arauca	2
Antioquia	2
Meta	2
Bolívar	2
Guajira	1
Santander	1
Caquetá	1
Valle del Cauca	1
Total	47

• En el período de febrero a abril de 2024, el suroccidente del país (Cauca, Valle del Cauca, Nariño) concentró la mayor parte de las alertas de conflictividad territorial a nivel nacional, correspondiente al 45% del total – un 10% más en relación con el período de enero a marzo de 2023, cuando también concentró la mayor cantidad de alertas.
• El departamento del Cauca no solo es el departamento con más alertas a nivel nacional, sino que estas han aumentado con respecto al año anterior. La mayoría de estos eventos corresponden a actos violentos y de victimización hacia las comunidades rurales; entre los que se encuentran asesinatos a líderes y lideresas sociales y comunitarios, hostigamientos, desplazamientos, entre otras acciones. Lo anterior, se puede explicar a partir de la reacción que han tenido los grupos armados que tienen presencia en el departamento, en especial del Estado Mayor Central de las FARC-EP, tras la ruptura de la mesa de negociación con el gobierno nacional el pasado 17 de marzo de 2024.

Es importante resaltar que los municipios con mayor incidencia de alertas por conflictividades territoriales fueron: Bogotá, Cundinamarca (4); Páez, Cauca (2); Caloto, Cauca (2); Popayán, Cauca (2). Lo anterior refleja que las alertas de conflictividad en los territorios se concentraron en las zonas rurales de departamentos como Cauca y en la capital Bogotá, ésta última ya que representa el centro político del país, y se convierte en el lugar preferente donde tienen lugar gran parte de las movilizaciones y reclamaciones por parte de las organizaciones sociales.

C. DISTRIBUCIÓN ORGANIZACIONES INVOLUCRADAS

Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC)	6
Baluarte Nacional Campesino Julia Guzmán	2
Agenda Nacional Campesina	2
Coorinador Nacional Agrario (CNA)	2
Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN)	2

Las organizaciones sociales que más participaron en las alertas emitidas entre el trimestre de febrero-abril fueron: Consejo Regional Indígena del Cauca (6), Baluarte Nacional Campesino Julia Guzmán (2), Agenda Nacional Campesina (2), Coordinador Nacional Agrario (2), Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (2). Esto muestra la fuerte actividad en materia de conflictividad territorial por parte de los pueblos indígenas y de las comunidades campesinas.

D. SEGUIMIENTO A CASOS RELEVANTES

Tensiones entre comunidades indígenas y comunidades campesinas y afro con relación a la creación de nuevas figuras territoriales.

El pasado 14 de febrero del 2024, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) emitió un comunicado público en el que expresó su descontento ante la creación de figuras territoriales dentro de territorios ancestrales de comunidades indígenas, refiriéndose a las Zonas de Reservas Campesinas y los Territorios Colectivos para Consejos Comunitarios, impulsadas por el gobierno nacional y la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Esta situación no solo permite entender el presente, sino también reflexionar sobre el pasado en relación con el reconocimiento de diversas luchas por el territorio. Observamos que, para el movimiento indígena, la creación de estas figuras territoriales desconoce el origen colonial y republicano de diferentes resguardos que en distintos momentos han sido catalogados como territorios baldíos por parte del Estado. Frente a esto, en el comunicado se solicitó la intervención de diversas entidades nacionales para abordar este tipo de problemáticas por considerar que afectan a las comunidades indígenas.

En respuesta a lo anterior, el 16 de febrero en el Teatro Colón, la ANT y diversas organizaciones campesinas del país acordaron una ruta de trabajo conjunta para la resolución de conflictos territoriales. Dentro de estas discusiones, se estableció una ruta para abordar y superar los conflictos interculturales e interétnicos, resultado de factores históricos como la violencia y la exclusión. El gobierno nacional se comprometió en dicho encuentro a cumplir con lo establecido en la Ley 160 de 1994, en materia de constitución de Zonas de Reserva Campesina, y avanzar en trámites de formalización y acceso a la tierra. Sin embargo, cuatro días después, en la vía Panamericana, a la altura de Villa Rica, Cauca, comunidades afrodescendientes y campesinas protestaron en rechazo a las declaraciones del CRIC, en las que exigía la derogación del decreto 0129 del 7 de febrero de 2024, por el cual se adoptan unos procedimientos de ampliación y saneamiento de las tierras de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y se adoptan mecanismos para la protección jurídica de los territorios ocupados y poseídos ancestralmente.

Ante estas alertas de conflictividad territorial, organismos como el Ministerio del Interior y la ANT intentaron buscar una solución a las vías de hecho que fueron tomadas. El ministro mencionó en su momento que “No es bueno construir en un territorio sin contar con los otros que hacen presencia en el territorio, y eso aplica para todos”, así como también expresó: “Este gobierno no es irresponsable, no va a firmar acuerdos nuevos, va a recoger los acuerdos que se han venido trabajando, lo que está en el Plan de Desarrollo, lo que está en el Plan de Buen Vivir y plantearles una ruta para cumplir incluso lo que otros prometieron y no cumplieron”.

Sumado a la situación anterior, es preciso recordar que la figura de los Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM), impulsada desde el Coordinador Nacional Agrario (CNA), fue formalmente reconocida en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, y su reglamentación está siendo desarrollada por parte del Ministerio de Agricultura. Al respecto, la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), manifestó el pasado 15 de mayo sus prevenciones frente al Decreto de reglamentación de los TCAM, haciendo énfasis en el desarrollo de la consulta previa frente a posibles afectaciones a las comunidades indígenas.

Este contexto descrito permite entender las tensiones persistentes entre diferentes actores entorno al ordenamiento del territorio y, además, invita a reflexionar sobre la necesidad de desarrollar herramientas sociales y jurídicas para el reconocimiento de nuevas figuras territoriales y su convergencia en el ordenamiento social de la ruralidad. Así como también, la importancia de promover el diálogo que genere articulación entre las comunidades.

Acciones de reconocimiento hacia comunidades y territorios rurales

El segundo caso relevante tiene que ver con el reconocimiento desde múltiples organismos institucionales a las diversas afectaciones que han sufrido las comunidades en los territorios rurales. Dentro de estas acciones jurídicas, destacamos dos formas de reconocimiento importantes. En primer lugar, la entrega de predios adquiridos irregularmente por empresas forestales pertenecientes al Grupo Argos, en el corregimiento de Palmira, en el municipio de San Onofre, Sucre, en el marco de procesos de restitución de tierras a raíz del despojo por parte de grupos paramilitares y guerrilleros. También se celebra el reconocimiento por parte de la Unidad de Víctimas, de la localidad de Sumapaz como víctima del conflicto armado y sujeto de reparación colectiva, cuya comunidad ha sido incluida como parte del Registro Único de Víctimas. O, por ejemplo, el reconocimiento del río Cauca como víctima del conflicto armado en Colombia por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), al haber sido utilizado como una fosa común entre los años 2000 y 2004. Esto abre nuevas posibilidades para considerar a la naturaleza como un ente sujeto de derechos, y no solo como un recurso.

Además, a través de la Sentencia T-123 de 2024, proferida el 22 de abril, la Corte Constitucional reconoció la existencia del desplazamiento forzado interno por factores ambientales, incluidos los asociados al cambio climático. La Corte mencionó que “el Estado tiene una serie de obligaciones antes, durante y después del desplazamiento por factores ambientales” y ordenó la creación de un sistema de registro administrativo para reconocer a este tipo de víctimas y ofrecerles una oferta institucional para abordar su situación.

Sin embargo, a pesar de los avances mencionados, es preciso informar que el pasado 11 de abril, la comunidad indígena Liwinaka del pueblo Sikuani en Puerto Gaitán, Meta, denunció que la Fuerza Pública llegó al resguardo y, mediante grúas y tanquetas, los desalojó de su territorio, dejándolos a la intemperie a pesar de la solicitud de la ANT al Alcalde de suspender la orden de desalojo, medida que afectaría a aproximadamente a 454 indígenas. Esta situación es un reflejo de la esquizofrenia del Estado colombiano, que por un lado avanza en el reconocimiento formal de los derechos territoriales de las comunidades rurales, pero al mismo tiempo vulnera los derechos que ha reconocido.